La
economía colombiana en el marco de la globalización del capital
Colombia y Latinoamérica hacen parte de la intrincada economía mundial desde los tiempos de la conquista y la colonización española. El oro, plata y platino extraídos con trabajo esclavo financiaron el surgimiento y desarrollo del capitalismo europeo. Después, durante el siglo XIX nuevos productos como el tabaco, la quina y el añil aportaron riqueza a los imperios inglés, francés y holandés. Luego vinieron el café, cacao, banano, petróleo y algunos productos manufacturados (textiles, otros), los que se convirtieron en productos de exportación, y ayudaron a crear empresas nacionales y a activar un mercado interno con una relativa dinámica propia.
Colombia y Latinoamérica hacen parte de la intrincada economía mundial desde los tiempos de la conquista y la colonización española. El oro, plata y platino extraídos con trabajo esclavo financiaron el surgimiento y desarrollo del capitalismo europeo. Después, durante el siglo XIX nuevos productos como el tabaco, la quina y el añil aportaron riqueza a los imperios inglés, francés y holandés. Luego vinieron el café, cacao, banano, petróleo y algunos productos manufacturados (textiles, otros), los que se convirtieron en productos de exportación, y ayudaron a crear empresas nacionales y a activar un mercado interno con una relativa dinámica propia.
Ahora
– en el siglo XXI – estamos de regreso a la extracción intensiva de oro,
petróleo, coltán y otros recursos naturales. El plan de la oligarquía – en
acuerdo con el imperio –, es instalar y fortalecer en el campo una industria
exportadora de agro-combustibles, productos forestales y cafés robustas. Va en
la dinámica de la reprimarización total de la economía colombiana. Además, dado
que se ha desarrollado una profunda re-colonización neoliberal de nuestra
producción y mercado interno, el principal género de exportación es el mismo
capital, que está representado en las ganancias de grandes y poderosas empresas
transnacionales (imbricadas con empresas de origen nacional) que explotan el
trabajo nacional en todas las áreas de la producción de bienes y servicios.
Entre enero y septiembre de 2011, las cerca de 4.500 empresas extranjeras que operan en Colombia ganaron 10.220 millones de dólares. El Banco de la República dijo que la cifra representa un aumento de 39,2 por ciento respecto a la de igual periodo de 2010, la cual fue de 7.340 millones de dólares. Las multinacionales que más utilidades registraron pertenecen a los sectores minero-energético, manufacturero y financiero (Portafolio). “Los giros al exterior por excedentes de las transnacionales llegaron en 2000 a 673 millones de dólares y en 2007 a 6.535 millones de dólares, registrando un crecimiento cercano a 1.000 por ciento. En 2012 el desangre económico, representado en las utilidades que las transnacionales envían a sus casas matrices, se acercó a 10.000 millones de dólares.” [1]
Entre enero y septiembre de 2011, las cerca de 4.500 empresas extranjeras que operan en Colombia ganaron 10.220 millones de dólares. El Banco de la República dijo que la cifra representa un aumento de 39,2 por ciento respecto a la de igual periodo de 2010, la cual fue de 7.340 millones de dólares. Las multinacionales que más utilidades registraron pertenecen a los sectores minero-energético, manufacturero y financiero (Portafolio). “Los giros al exterior por excedentes de las transnacionales llegaron en 2000 a 673 millones de dólares y en 2007 a 6.535 millones de dólares, registrando un crecimiento cercano a 1.000 por ciento. En 2012 el desangre económico, representado en las utilidades que las transnacionales envían a sus casas matrices, se acercó a 10.000 millones de dólares.” [1]
Ésta
situación corresponde al avance y copamiento del mundo entero por parte del
gran capital monopolista financiero, que en el caso colombiano, no se había
expandido totalmente por efecto de la sobrevivencia de relaciones de producción
pre-capitalistas hasta los años 70s del siglo pasado, el acaparamiento de la
tierra con capitales del narcotráfico durante los años 80s y 90s del siglo XX y
la primera década del siglo XXI, que le dieron soporte a grandes compras y despojo
de tierras con fines especulativos. Además, la permanencia del conflicto armado
impedía esa propagación capitalista transnacional. Hoy, están dadas las
condiciones en el campo para realizar grandes inversiones para lo cual la
burguesía requiere desmovilizar a las guerrillas y cooptar políticamente al
movimiento campesino y agrario.
Colombia
enfrenta en el momento actual una nueva ofensiva neoliberal que hace parte de
un proceso de expansión del capital financiero internacional y global
(estadounidense, europeo, ruso, chino, brasilero, etc.) que pretende enfrentar
su crisis sistémica re-localizando sus inversiones en África, Asia y América
Latina. Recurre a una estrategia de desposesión de todos los bienes públicos
(energía, agua, biodiversidad, basuras, etc.), despojo y desterritorialización
de las comunidades rurales (mestizos, afros e indígenas) para apoderarse de los
saberes ancestrales y cotidianos de las comunidades, los recursos naturales y
sobre-explotar la mano de obra nativa, en una especie de nueva acumulación
originaria o primitiva que pretende eternizarse en el tiempo.
Algunos
teóricos y estudiosos de la economía política mundial le denominan a éste
proceso como una acumulación por desposesión, expropiación y despojo, y no por
generación de riqueza.[2]
Ésta
ofensiva del capitalismo ha transformado todo el proceso productivo a nivel
mundial, mediante varios procesos que aparecen desde los años 70s del siglo XX
– llamada la “reestructuración post-fordista” –, que se ha traducido en
fenómenos como la transectorización, deslocalización, desconcentración y
descentralización de los procesos productivos, usando los avances digitales,
computacionales, cibernéticos y de automatización, y los nuevos desarrollos
tecnológicos de los medios de comunicación.
Transectorización
al convertir el proceso productivo centralizado en una serie múltiple de
sectores y factores de la producción que pueden mutar y ponerse al servicio de
la fabricación de variadas mercancías; deslocalización interna y externa en los
países industrializados en la búsqueda de mercados baratos de mano de obra y de
materias primas en todas las regiones del mundo; desconcentración de funciones
y procesos productivos de factorías y fábricas que se fueron desmantelando y
convirtiendo en pequeños talleres y micro-empresas vinculadas a centros de
montaje; y descentralización del aparato administrativo generando variadas
formas de producción en donde el trabajador del conocimiento y la información
tiene vínculos de diversa categoría con las empresas y los centros de
producción y control financiero.
Por
otro lado, el capitalismo avanza en Colombia hacia una segunda fase de
neoliberalismo, dirigida a la apropiación y explotación de los recursos
naturales (tierra, bosques, selvas, áreas de turismo, recursos mineros, agua,
etc.), que subsume la vida humana y natural a los intereses de acumulación de
capital, arrasando a comunidades enteras, descomponiendo lazos comunitarios en
campos y ciudades, y degradando la naturaleza a niveles inimaginables. Así aparecen
formas de acumulación de capital como la economía del narcotráfico, la trata de
personas, el comercio legal e ilegal de armas y toda una economía vinculada al
delito, la violencia y la descomposición moral de la sociedad. Algunos teóricos
le llaman a ese fenómeno como la aparición de una lumpen-burguesía que controla
al sector financiero, los medios de comunicación, el comercio y el manejo de
los mismos Estados con criterios y prácticas delincuenciales y mafiosas.
Colombia
desde los años 90s del siglo XX con la aplicación de la apertura económica vive
otro fenómeno global que es la financierización de la economía. El gran capital
transnacional consigue crear y apropiarse de los bancos, aseguradoras,
fiducias, fondos de pensiones y cesantías y la bolsa de valores, por medio de
los cuales reducen todo el valor intercambiado (tanto tangible como intangible,
tanto contratos futuros como presentes, etc.) a un instrumento financiero. El
propósito original de la financierización es lograr convertir cualquier producto
del trabajo o servicio en un instrumento financiero intercambiable –
especialmente en dólares o euros –, controlando toda la economía y obteniendo
pingues ganancias sólo por tener el control de la moneda.
Todos
estos fenómenos económicos han traído como consecuencia una transformación
profunda de las clases sociales en la órbita planetaria, en donde a pesar que
en términos absolutos la clase obrera industrial (y agro-industrial) ha seguido
creciendo, en términos relativos se encuentra en retroceso frente a una
población que trabaja en la economía informal, el rebusque comercial, la
prestación de servicios ocasionales (moto-taxistas, vendedores ambulantes, y
todo tipo de trabajos “irregulares”). Además, ha surgido una gran capa de
trabajadores asalariados que trabajan con el cerebro, muchos de ellos
profesionales proletarizados que anteriormente eran parte de las llamadas
profesiones liberales (médicos, abogados, contadores, etc.) pero ahora han
surgido nuevas profesiones fruto de un proceso de súper-especialización del
trabajo cognitivo, que convierte a esos trabajadores en un nuevo proletariado
ya no manual (obrero) sino mental (cognitivo).
Incluso,
amplios sectores de las llamadas clases medias (pequeña-burguesía) han entrado
en una fase de proletarización creciente. Los medianos, pequeños y
micro-pequeños empresarios cada vez se ven más subordinados y subsumidos a la
dinámica de los grandes consorcios y conglomerados transnacionales que los
explotan al máximo y les reducen a diario sus ganancias, controlando y
programando sus procesos productivos mediante el control de la información y la
dominación del capital, convirtiéndolos en una especie de “proletarios con
empresa”, en donde el empresario muchas veces trabaja más que sus propios
empleados y trabajadores recibiendo ingresos cada vez más reducidos.
El
capitalismo depredador y despojador del siglo XXI ha adecuado las legislaciones
estatales en lo laboral y la contratación oficial para poder romper e impedir
cualquier tipo de organización de los trabajadores, flexibilizando las
relaciones laborales y precarizando las formas de contratación al extremo de
que el mundo del trabajo se asemeja mucho a la época en que el capitalismo
salvaje de las épocas de acumulación originaria obligaba a los trabajadores a
laborar extensas jornadas. Ahora lo hacen aparecer como jornadas de trabajo
flexibles, múltiples horarios, diversos empleadores, pagos por hora y a
destajo, e infinidad de formas de trabajo que hacen imposible la aparición de
relaciones de solidaridad y reciprocidad entre los trabajadores, sumiéndolos en
una competencia feroz entre ellos, lo cual facilita su explotación y control
tanto social, político como ideológico y cultural.
Ello
explica que en Colombia y en el mundo el número de trabajadores afiliados a
sindicatos sea muy reducido. En Colombia no llega ni al 4%, aunque aquí el
fenómeno también se explica por la persecución violenta de los activistas
sindicales como parte de la criminalización de la lucha social, el recorte
creciente de los derechos civiles y políticos, la necesidad de bajar los costos
de la mano de obra para incentivar la inversión internacional, y en general, la
búsqueda brutal de la maximización de las ganancias del gran capital.
La economía colombiana y la crisis sistémica
del capital
Las
siguientes citas del escrito “Colombia, 2014” de Libardo Sarmiento Anzola
ilustran la situación del país frente a lo que ocurre en el ámbito
internacional:
“La
condición de país periférico y dependiente implica que las políticas públicas y
la dinámica económica de Colombia estén encadenadas a los ciclos,
cosmovisiones, necesidades e intereses del centro y grupos de poder que
controlan el sistema mundo capitalista. Los ciclos del sistema amplifican sus
efectos en la periferia y obligan a redefinir su aparato productivo según las
demandas de los mercados internacionales y los determinantes de los cambios en
la división internacional del trabajo. Al modelo de desarrollo colombiano lo
caracteriza las actividades extractivas agenciadas por transnacionales, el
rentismo financiero, la economía de servicios y su precaria sostenibilidad en
el mediano plazo. La economía del país ha sido beneficiaria de los elevados
precios de las materias primas en los mercados internacionales.”
“Para
2014 la economía mundial crecerá en promedio 2,9% y la colombiana 4,5%; el
comportamiento “sobresaliente” se explica por un auge coyuntural de inversión
pública en infraestructura y proyectos de vivienda social, las exportaciones de
recursos naturales y energéticos, la especulación financiera, los agro-negocios
(biocombustibles, en particular) y los altos beneficios de la comercialización
de bienes y servicios aupados por los tratados de libre comercio. En general
ésta es una sociedad consumista, poco generadora de valor agregado y con un
componente de bienes importados que supera el 50% de lo que consumen los
hogares. En una economía mundial que no logra salir de la crisis estructural,
pese a las breves y débiles recuperaciones promovidas con inyecciones de
capital por parte del Estado, la inestabilidad del país es un factor
condicionante del inmediato futuro.”[3]
El surgimiento de la burguesía
transnacionalizada
Es
así como en Colombia la burguesía con “orígenes nacionales” pero que desde el
siglo XIX y primera mitad del XX tenía grandes vínculos internacionales, se
alimenta desde la década de los años 70s y 80s del siglo pasado con dineros de
la economía del narcotráfico a través de la ventana “siniestra” del Banco de la
República y de los “dineros calientes” que se irrigan “legal” e ilegalmente en
el proceso económico, y a finales de los años 90s y principios del siglo XXI,
irrumpen en la economía internacional (especialmente en Centroamérica, Perú,
Ecuador, Chile, pero también en EE.UU. y España) con inversiones en el sector
financiero, eléctrico, cemento, construcción, minas y otras áreas
productivas.[4]
Ésta
burguesía transnacionalizada establece desde un principio una intrincada
coalición con el gran capital transnacional, se apropian de las principales
empresas estatales y semi-estatales, de las compañías de la Federación de
Cafeteros (Avianca, Flota Mercante, Banco Cafetero, otras), inician la
privatización de los servicios públicos domiciliarios, acaban de desmantelar
las vías férreas, y controlan las importaciones de alimentos y otros productos
ante la devastación programada de gran parte del aparato productivo
nacional.
Se
constituye así una burguesía transnacionalizada conformada por unos pocos
grupos económicos como el Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, Santodomingo,
Ardila Lulle, Sindicato Antioqueño, Grupo Carvajal y otros, que subordinan a
sus intereses a la débil burguesía industrial, comercial y burocrática, que
hasta entonces eran importantes fracciones de la oligarquía colombiana. Esa
burguesía transnacionalizada se vuelve hegemónica dentro del bloque de poder
frente a los herederos de los grandes terratenientes y latifundistas, que
paralelamente y en medio del conflicto interno venían fortaleciendo su poder
económico y político en diversas regiones (Urabá, Costa Atlántica, Llanos
Orientales, Magdalena Medio) en alianza con grandes transnacionales agrícolas
(Chiquita Brands y otras) y mineras (Drummont y otras), que utilizaron a los
grupos paramilitares para ensanchar su control territorial, realizar
asociaciones con campesinos ricos y medios, y desarrollar una estrategia
contra-insurgente.
Sin
embargo esa burguesía transnacionalizada es débil políticamente. Por un lado no
necesita crear su propia expresión política dado que utilizan a los políticos tradicionales
(burguesía burocrática, Samper, Serpa y cía.), a las nuevas expresiones
políticas de origen cívico (Mockus, Fajardo, etc.) y aún, establecen relaciones
con formaciones socialdemócratas y “liberales de izquierda” (Navarro, ONGs,
etc.). Hasta ahora se habían negado a organizar sus propias y nítidas
expresiones políticas porque han evaluado las experiencias negativas que han
tenido en Argentina (Menen, Cavallo, De la Rúa), Bolivia (Lozada) y Ecuador
(Noboa), en donde el pueblo los identificó con toda claridad y los
derrotó políticamente mediante una serie de levantamientos y alzamientos
revolucionarios.
La burguesía transnacionalizada usa a Uribe y
al paramilitarismo
Es
por ello que en momentos de crecimiento y fortalecimiento político-militar de la
guerrilla (especialmente las FARC) y de avance del movimiento popular, la
burguesía transnacionalizada asesorada por el gobierno estadounidense y con su
financiación y asistencia estratégica, establecen una asociación con Álvaro
Uribe Vélez, la mafia narcotraficante y los políticos tradicionales en todas
las regiones, tanto para debilitar política y militarmente a las FARC como para
arrasar y destruir las expresiones populares de organización social.
Una
vez logrado ese objetivo y ante el crecimiento desmedido de las pretensiones
“nacionalistas” del latifundismo “uribista” (que tiene un programa de carácter
nacional-socialista con la teoría del “Estado comunitario”[5]), que penetró
todas las instituciones especialmente el ejército, la policía y el DAS, le dio
vida a nuevos contratistas del Estado (los Nule, William Vélez, etc.), se
desmadró en la violación flagrante de los DD.HH., realizando desapariciones
extrajudiciales llamadas “falsos positivos”, una serie de acciones criminales
como la interceptación de comunicaciones o “chuzadas”, asesinato de
sindicalistas, conformación de un verdadero aparato fascista y corrupción
generalizada, la burguesía transnacionalizada – también con el visto bueno de
los EE.UU. – hace a un lado a Uribe y coloca, por primera vez, un verdadero
oligarca (Santos) frente al manejo del Estado.
Colocar
a Santos en la presidencia de la República no fue algo casual. El imperio y la
élite burguesa entendieron que la guerrilla no podría ser exterminada mientras
existiera la economía del narcotráfico y por tanto, sus multimillonarias
inversiones no tendrían un ambiente propicio para obtener ganancias en un
territorio tan estratégico como el de Colombia. Tal convicción los ha llevado a
diseñar una nueva política que los ha enfrentado sector latifundista y burgués
de catadura conservadora, y se han decidido a experimentar una nueva salida
“democrática”.
La “nueva apertura democrática” y el proceso de
Paz
La
burguesía transnacionalizada ha diseñado una estrategia dirigida a crear las
condiciones para la nueva fase neoliberal. Una nueva versión de “apertura
democrática” se está impulsando al calor de los diálogos con las FARC en La
Habana pero sin ceder en lo más mínimo en aspectos fundamentales de su política
neoliberal. La intención es cooptar a los campesinos y colonos de regiones de
colonización donde tienen influencia las FARC para integrar al mercado
capitalista a las economías campesinas que han surgido de la acumulación de
capitales del narcotráfico y de paso domesticar un movimiento campesino que
reclama titulación de tierras, programas de sustitución de cultivos, apoyo
crediticio, asistencia técnica, inversión social en infraestructura y mercadeo
agropecuario, pero que – por ahora – no tiene entre sus prioridades la
re-negociación de los TLCs u otras políticas esenciales para el gran capital.
Al
calor de esa apertura democrática la burguesía transnacionalizada está
dispuesta a compartir espacios de gobierno con sectores de la izquierda
moderada y de la misma guerrilla, al estilo de lo que ha hecho con “Lucho” y
Angelino Garzón, aprobando todo tipo de garantías “democráticas” para la
participación de los partidos de oposición y de las organizaciones sociales en
los espacios institucionales de poder (congreso, asambleas, concejos, alcaldías
y gobernaciones), siempre y cuando no vayan más allá de lo que estableció la
Constitución de 1991 en cuanto a prevalencia del interés privado sobre el
público (artículos 332-337 de la Constitución Política sobre Régimen Económico
y de Hacienda Pública), como lo demuestra la reacción del establecimiento
capitalista frente a lo impulsado por el alcalde de Bogotá Gustavo Petro con su
nuevo modelo de recolección y reciclaje de residuos sólidos (basuras) y el
espíritu del Plan de Ordenamiento Territorial POT que coloca en primer plano el
problema ambiental y golpea con fuerza los intereses de los monopolios de la
construcción y del urbanismo depredador.
Mientras
tanto la burguesía transnacionalizada no está dispuesta a ceder en nada a los
medianos y pequeños productores agropecuarios de cultivos permanentes y
transitorios (café, cacao, panela, papa, leche y ganadería, frutales,
hortalizas, etc.), para los cuales – los que según sus teóricos neoliberales no
son competitivos – sólo les ofrece cambiar de renglón productivo y asociarse
con grandes empresarios agro-industriales para sembrar palma africana, caña de
azúcar, cultivos forestales u otros, bajo la modalidad de asociaciones
productivas que es una especie de “aparcería moderna”, en donde los riesgos
corren por cuenta del campesino mientras que el inversionista se lleva las
ganancias del procesamiento y la operación financiera (modelo aplicado en el
Suroriente Asiático, Malasia, Tailandia, y otros países).
Para
implementar dicha estrategia la burguesía transnacionalizada sabe que debe
cederle cuotas de poder a la “burguesía burocrática” representada
tradicionalmente por un sector de la burguesía que siempre ha vivido de los
contratos estatales y del control de la burocracia, que en las actuales
circunstancias ya prepara, en alianza con ONGs dirigidas por
“socialdemócratas”, los programas sociales para la etapa del “post-conflicto” y
la “transición” hacia la Paz, mientras mantienen intactas las estructuras de
los grupos paramilitares convertidos en supuestas “bandas criminales” (bacrim),
que están intrincadas con las mafias politiqueras regionales y se ponen al
servicio de los intereses de las grandes transnacionales mineras para asesinar
a los líderes populares que se opongan a sus planes.
En
medio de ese juego están sectores de la “burguesía nacional” sobre todo agraria
e industrial (grandes empresarios y exportadores ganaderos, lecheros,
cafeteros, azucareros, textileros, fabricantes de autopartes de automóviles,
etc.) que está dispuesta a dar la lucha económica y reivindicativa por obtener
del Estado “compensaciones monetarias” (subsidios) por los efectos causados por
la firma e implementación de los Tratados de Libre Comercio TLCs. – como
ocurrió en el pasado paro cafetero –, pero no está dispuesta a luchar al lado
del pueblo cuando los objetivos de la movilización están dirigidas contra la
esencia de la política neoliberal – como ocurrió en el paro nacional agrario -.
El Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario MOIR, no ha entendido el
carácter débil y vacilante de esa burguesía nacional, su oportunismo histórico,
y que frente a un verdadero proceso revolucionario, esa burguesía nacional
siempre tranzará con la oligarquía y el imperio para traicionar los intereses
nacionales del pueblo colombiano.
Incluso,
la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente que plantean las FARC puede
convertirse en una herramienta de cooptación y domesticación del movimiento
popular (social y político) ya que se convocaría en el marco de la
institucionalidad burguesa, con las reglas del gran capital y en condiciones en
donde la derecha latifundista y la centro-derecha burguesa nos colocaría
mayorías electorales, y nos impondría un nuevo “pacto de clases” al estilo de
lo que ocurrió en la Constituyente de 1991.
El nuevo auge de la lucha popular y la
revolución democrática
Durante
las tres anteriores décadas el movimiento popular y de los trabajadores fue
aplastado por la violencia paramilitar, estatal y empresarial, y paralelamente
sufrió un proceso de cooptación a través de las ONGs socialdemócratas que
condujeron a muchas expresiones del movimiento popular hacia el “proyectismo”,
la gestión empresarial, el cooperativismo, el “autonomismo económico”, y otras
formas de engaño y domesticación. La participación electoral con visión
política reformista y con criterios localistas, también fue otra forma de
asimilar y descomponer a cientos de dirigentes sociales y populares, que
terminaron administrando el Estado adaptándose a la normatividad neoliberal
burguesa (municipios, gobernaciones, cabildos y ETIS indígenas).
Ahora
– después de esa larga noche de oscurantismo y terror –, desde 2008 con la
Minga Social y Comunitaria, el Paro de los Trabajadores Azucareros (“corteros
de caña”) y el paro de ASONAL-Judicial, se inició una nueva etapa de ascenso de
la lucha popular que ha tenido su mayor cúspide entre 2011 y 2013 con el paro
estudiantil por educación pública; las luchas de los obreros petroleros contra
la tercerización laboral; y las movilizaciones agrarias campesinas e indígenas
con los paros cafetero, agrario nacional y la minga indígena, como punto
máximo. Además se han desarrollado múltiples luchas y resistencias contra la
privatización de los servicios públicos, los mega-proyectos energéticos y
mineros (Urra II, El Quimbo, Santurbán, La Colosa, Marmato, otros) y la lucha
contra la Ley 100 y por una reforma estructural de los servicios de salud.
Es
precisamente para detener esa insurgencia social que amenaza con llegar a las
ciudades por lo que la burguesía se esfuerza en diseñar esa política de
“apertura democrática”, para canalizar la fuerza del movimiento popular hacia
la institucionalidad burguesa e impedir un alzamiento revolucionario que ponga
en peligro su dominación.
Nuestra táctica
En
la actualidad existen numerosos revolucionarios proletarios (anti-capitalistas,
socialistas, comunistas, libertarios) dispersos en partidos dirigidos por las
diferentes fracciones de la pequeña burguesía y de los trabajadores estatales
(maestros, trabajadores de la salud, empleados del aparato gubernamental), que
vacilan entre la burguesía y el proletariado, entre la línea reformista y la
revolucionaria.
Estos partidos de “izquierda” están influidos, por un lado, por la política de la “burguesía nacional” (Polo-MOIR), y por el otro, por la “burguesía burocrática” (PTC, Alianza Verde, Unión Patriótica). Ninguno de ellos está preocupado por crear verdaderos órganos de poder popular (gérmenes de un Estado proletario y popular), aunque algunas organizaciones sociales (Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, Movimiento Indígena) han creado, por la dinámica de la misma lucha y por tradiciones ancestrales acumuladas, formas organizativas que podrían adquirir en un proceso revolucionario esa función de auto-gobierno y poder popular.
Estos partidos de “izquierda” están influidos, por un lado, por la política de la “burguesía nacional” (Polo-MOIR), y por el otro, por la “burguesía burocrática” (PTC, Alianza Verde, Unión Patriótica). Ninguno de ellos está preocupado por crear verdaderos órganos de poder popular (gérmenes de un Estado proletario y popular), aunque algunas organizaciones sociales (Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, Movimiento Indígena) han creado, por la dinámica de la misma lucha y por tradiciones ancestrales acumuladas, formas organizativas que podrían adquirir en un proceso revolucionario esa función de auto-gobierno y poder popular.
No
existe en Colombia una organización que se haya colocado la tarea de
reorganizar a los trabajadores industriales que todavía quedan (petroleros,
fabriles, metalúrgicos, jornaleros agrícolas, corteros de caña) ni tampoco que
haya estudiado a fondo las novísimas condiciones del nuevo proletariado que ha
surgido en todo este proceso de “reconversión post-fordista” y que esté
dispuesto a trabajar, inventar y crear formas adecuadas de organización con esos
trabajadores “precariados”.
Ello
nos obliga a priorizar la tarea de ayudar a construir ese partido o movimiento
proletario, en medio de la lucha democrática y revolucionaria que el pueblo
colombiano está desarrollando en este instante. Para tal efecto la estrategia
de construir “corriente de pensamiento proletario” como una fase del proceso de
nucleación de los revolucionarios dispersos, creando lazos de confianza y
actitudes respetuosas frente a las diferentes escuelas, orígenes, experiencias
y actuales militancias, es un método que se puede constituir en una herramienta
apropiada para el momento.